La evolución histórica y cambio en las políticas de ciencia y tecnología
Los orígenes el desarrollo de la ciencia en México se remontan a la época colonial, sin embargo, la institucionalización del quehacer científico tiene sus antecedentes en el siglo XIX. Así, la fundación por Gabino Barreda en 1868 de las Escuelas Nacional Preparatoria, de Ingeniería y de Jurisprudencia significaron los cimientos de la investigación científica de la época contemporánea de nuestro país.
No obstante, este primer impulso se vio interrumpido por los acontecimientos de la Revolución Mexicana y posteriores. De esta forma, la institucionalización de la ciencia y la tecnología no comienza sino hasta la tercera década del siglo XX durante el periodo posrevolucionario y una vez pacificado el país. Es entonces cuando se crea la Academia Nacional de Ciencias en 1930 como un primer ensayo de una institución que congregue a los científicos del país.
Asimismo, la concesión a la autonomía de la UNAM en 1929 y la llegada al país de académicos y científicos de la República Española en 1939, son dos catalizadores importantes de la organización de la investigación científica en México.
En este mismo tenor y con el propósito de vincular a las instituciones de educación superior y las encargadas de las actividades científicas que funcionaban sin coordinación, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) instituyó el Consejo de Educación Superior y de Investigación Científica (1935-1938), aunque con un funcionamiento muy acotado debido a las imprecisiones en relación a sus funciones y el espacio de sus actividades.
El siguiente periodo de la ciencia en México (1940-1960), coincide con el desarrollo de la industria primaria en el país. Estas transformaciones requirieron capital foráneo, mismo que vino acompañado de especialistas extranjeros, técnicos y tecnólogos, que habrían de emplearse en la nueva planta industrial. Sin embargo, esto tuvo dos efectos negativos. El primero de ellos, fue la preferencia abierta por la ciencia y la tecnología extranjeras, ante la falta de experiencia de los científicos y técnicos nacionales. Y, por otro lado, la industria no se ocupó en invertir en desarrollo científico y tecnológico en territorio nacional; las empresas extranjeras contaban con sus propios recursos en sus países de origen; y, los industriales nacionales se vieron rebasados o simplemente mostraron desinterés, lo que trajo consigo un momento de estancamiento en el desarrollo científico y tecnológico del país.
En materia educativa, en esta etapa los estudios de investigación avanzada no existían formalmente o se encontraban en una etapa de incipiente institucionalidad. Por ello, fue importante la creación de la figura de personal académico de tiempo completo en 1954 y la implementación del Programa de Formación de Profesores e Investigadores en 1966, que se convertirían en la base de la formación de nuevas generaciones de científicos e investigadores.
En el año de 1942, se creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación (CICIC), cuyos objetivos estaban limitados a impulsar la investigación de las ciencias exactas (matemática y física) y ciencias naturales (biología y química). Más tarde, esta Comisión fue reemplazada por el Instituto Nacional de Investigación Científica, organismo que operó también de forma limitada durante casi diez años, dedicado esencialmente a brindar apoyos en forma de becas de estudios avanzados. Su mayor acierto fue promover la creación del actual CONACYT a través de la elaboración del Programa Nacional de Investigación Científica.
La Ley de Propiedad Industrial (1942), así como la Ley de Normas y Pesas y Medidas (1961) pueden considerarse las primeras leyes de importancia relativas al tema, no obstante, las actividades científicas y de investigación continuaban como esfuerzos aislados al carecer nuestro país de un ordenamiento legal que las articulara y definiera el rumbo de las políticas en la materia.
Todavía durante las décadas de 1950 y 1960 las políticas de apoyo a la ciencia y tecnología resultaban insuficientes y se orientaban particularmente a la investigación básica, además de que la investigación permanecía desvinculada al sector productivo. Éstas eran las principales debilidades en el campo de la ciencia y tecnología en nuestro país y reclamaban un marco legal adecuado.
En 1970 se expidió la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que, como su nombre lo indica crea un nuevo organismo que reemplazó al Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC). El CONACYT surge como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y encargado de colaborar con el gobierno federal en la elaboración, aplicación, ejecución y evaluación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología.
Durante los primeros años de funcionamiento del CONACYT, llevó a cabo distintas acciones como son el Programa de Inventario de Recursos, el Programa de Diagnóstico Científico, el Programa de Diagnóstico Tecnológico y el Programa de estudios sobre Educación. Sin embargo, en esta misma etapa de puesta en marcha del CONACYT, se genera un distanciamiento de este organismo con la comunidad científica debido a discrepancias en las políticas planteadas, mismas que se consideraron de corto plazo y excluyentes al definir áreas de investigación prioritarias.
Mientras tanto, desde 1940 hasta mediados de la década de los años setenta, la política industrial se había caracterizado por su proteccionismo dentro del modelo económico de sustitución de importaciones y con el que México alcanza un crecimiento medianamente estable. En este entorno, en 1972 se expidió la Ley sobre Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Finalmente, este modelo de economía cerrada fracasa en 1976 debido a que las empresas no fueron de todo eficaces y mantenían un gran rezago tecnológico, situación que obligó al gobierno a virar el rumbo en sus políticas económicas y, por ende, las relacionadas al desarrollo del sector científico-tecnológico.
Este mismo año, el gobierno federal puso en marcha el primer programa nacional para la promoción de la ciencia y la tecnología. En 1977, el gobierno solicitó al CONACYT elaborar y coordinar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (PRONACYT), que constituye el primer programa en la materia ligado al Programa de Desarrollo sexenal. A ese programa, le siguieron los programas de 1978, 1984, 1990, 1995, y el vigente de 2001.
Los orígenes el desarrollo de la ciencia en México se remontan a la época colonial, sin embargo, la institucionalización del quehacer científico tiene sus antecedentes en el siglo XIX. Así, la fundación por Gabino Barreda en 1868 de las Escuelas Nacional Preparatoria, de Ingeniería y de Jurisprudencia significaron los cimientos de la investigación científica de la época contemporánea de nuestro país.
No obstante, este primer impulso se vio interrumpido por los acontecimientos de la Revolución Mexicana y posteriores. De esta forma, la institucionalización de la ciencia y la tecnología no comienza sino hasta la tercera década del siglo XX durante el periodo posrevolucionario y una vez pacificado el país. Es entonces cuando se crea la Academia Nacional de Ciencias en 1930 como un primer ensayo de una institución que congregue a los científicos del país.
Asimismo, la concesión a la autonomía de la UNAM en 1929 y la llegada al país de académicos y científicos de la República Española en 1939, son dos catalizadores importantes de la organización de la investigación científica en México.
En este mismo tenor y con el propósito de vincular a las instituciones de educación superior y las encargadas de las actividades científicas que funcionaban sin coordinación, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) instituyó el Consejo de Educación Superior y de Investigación Científica (1935-1938), aunque con un funcionamiento muy acotado debido a las imprecisiones en relación a sus funciones y el espacio de sus actividades.
El siguiente periodo de la ciencia en México (1940-1960), coincide con el desarrollo de la industria primaria en el país. Estas transformaciones requirieron capital foráneo, mismo que vino acompañado de especialistas extranjeros, técnicos y tecnólogos, que habrían de emplearse en la nueva planta industrial. Sin embargo, esto tuvo dos efectos negativos. El primero de ellos, fue la preferencia abierta por la ciencia y la tecnología extranjeras, ante la falta de experiencia de los científicos y técnicos nacionales. Y, por otro lado, la industria no se ocupó en invertir en desarrollo científico y tecnológico en territorio nacional; las empresas extranjeras contaban con sus propios recursos en sus países de origen; y, los industriales nacionales se vieron rebasados o simplemente mostraron desinterés, lo que trajo consigo un momento de estancamiento en el desarrollo científico y tecnológico del país.
En materia educativa, en esta etapa los estudios de investigación avanzada no existían formalmente o se encontraban en una etapa de incipiente institucionalidad. Por ello, fue importante la creación de la figura de personal académico de tiempo completo en 1954 y la implementación del Programa de Formación de Profesores e Investigadores en 1966, que se convertirían en la base de la formación de nuevas generaciones de científicos e investigadores.
En el año de 1942, se creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación (CICIC), cuyos objetivos estaban limitados a impulsar la investigación de las ciencias exactas (matemática y física) y ciencias naturales (biología y química). Más tarde, esta Comisión fue reemplazada por el Instituto Nacional de Investigación Científica, organismo que operó también de forma limitada durante casi diez años, dedicado esencialmente a brindar apoyos en forma de becas de estudios avanzados. Su mayor acierto fue promover la creación del actual CONACYT a través de la elaboración del Programa Nacional de Investigación Científica.
La Ley de Propiedad Industrial (1942), así como la Ley de Normas y Pesas y Medidas (1961) pueden considerarse las primeras leyes de importancia relativas al tema, no obstante, las actividades científicas y de investigación continuaban como esfuerzos aislados al carecer nuestro país de un ordenamiento legal que las articulara y definiera el rumbo de las políticas en la materia.
Todavía durante las décadas de 1950 y 1960 las políticas de apoyo a la ciencia y tecnología resultaban insuficientes y se orientaban particularmente a la investigación básica, además de que la investigación permanecía desvinculada al sector productivo. Éstas eran las principales debilidades en el campo de la ciencia y tecnología en nuestro país y reclamaban un marco legal adecuado.
En 1970 se expidió la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que, como su nombre lo indica crea un nuevo organismo que reemplazó al Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC). El CONACYT surge como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y encargado de colaborar con el gobierno federal en la elaboración, aplicación, ejecución y evaluación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología.
Durante los primeros años de funcionamiento del CONACYT, llevó a cabo distintas acciones como son el Programa de Inventario de Recursos, el Programa de Diagnóstico Científico, el Programa de Diagnóstico Tecnológico y el Programa de estudios sobre Educación. Sin embargo, en esta misma etapa de puesta en marcha del CONACYT, se genera un distanciamiento de este organismo con la comunidad científica debido a discrepancias en las políticas planteadas, mismas que se consideraron de corto plazo y excluyentes al definir áreas de investigación prioritarias.
Mientras tanto, desde 1940 hasta mediados de la década de los años setenta, la política industrial se había caracterizado por su proteccionismo dentro del modelo económico de sustitución de importaciones y con el que México alcanza un crecimiento medianamente estable. En este entorno, en 1972 se expidió la Ley sobre Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Finalmente, este modelo de economía cerrada fracasa en 1976 debido a que las empresas no fueron de todo eficaces y mantenían un gran rezago tecnológico, situación que obligó al gobierno a virar el rumbo en sus políticas económicas y, por ende, las relacionadas al desarrollo del sector científico-tecnológico.
Este mismo año, el gobierno federal puso en marcha el primer programa nacional para la promoción de la ciencia y la tecnología. En 1977, el gobierno solicitó al CONACYT elaborar y coordinar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (PRONACYT), que constituye el primer programa en la materia ligado al Programa de Desarrollo sexenal. A ese programa, le siguieron los programas de 1978, 1984, 1990, 1995, y el vigente de 2001.
Las crisis económicas recurrentes desde 1976 precipitaron los indicadores sobre investigación y desarrollo tecnológico, como consecuencia de la reducción en el financiamiento y falta de apoyo institucional a estas actividades. Así, con el objeto de frenar el fenómeno de la fuga de cerebros por falta de apoyo, en 1984 se estableció el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que consiste en un sistema de estímulos a la investigación, dirigido a investigadores destacados y la promoción de los que se inician en la carrera de la investigación.
En la década de 1980, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y economía cambia a un esquema de economía abierta, donde se promueve la inversión extranjera y se desmantela el régimen proteccionista de la economía con lo que se liberan los intercambios. En este contexto, en 1985 el gobierno mexicano suscribe el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio (GATT). Esto impactó en el intercambio de tecnología puesto que se facilitan las importaciones de tal manera que la planta industrial adquirió nuevas tecnologías, además la instalación de empresas extranjeras en el territorio nacional trajo consigo técnicos y tecnólogos para la operación de su maquinaria; a la par de que se activó la formación técnica para satisfacer la demanda de recursos humanos capacitados.
En el marco del Sistema Nacional de Planeación, en enero de 1985 se expidió la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico. Con esta nueva Ley se da origen al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), que establece los mecanismos de coordinación del ámbito científico y tecnológico en sus tres esferas: el sector productivo, la educación y el Estado. Además, con la reforma al Artículo 3 Constitucional en 1993 quedó definida la obligación del Estado –en todos sus ámbitos y en sus tres niveles de gobierno- de apoyar las actividades de la investigación científica y de desarrollo tecnológico, con lo que quedaron establecidas las bases jurídicas de su descentralización.
E1 1 de marzo de 1992, la SEP asignó al CONACYT la coordinación del subsector ciencia y tecnología, naciendo así el Sistema SEP-CONACYT, integrado por 29 centros de investigación en las áreas científica, tecnológica y social. Estas reformas convirtieron a la SEP en la máxima autoridad en materia de elaboración de las políticas de ciencia y tecnología
Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 incluyó la continuidad a la política de descentralización de las actividades de investigación científica y tecnológica, teniendo como resultado, la expedición de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (LFICyT), en mayo de 1999
En 2002 fueron expedidas una nueva Ley de Ciencia y Tecnología (que abrogó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica) y la nueva Ley Orgánica del CONACYT. Entre los principales cambios que introducen estas leyes, se encuentra el replanteamiento de la organización y funcionamiento de los órganos consultivos y la descentralización del CONACYT con respecto a la SEP, se configura el sector de ciencia y tecnología encabezado por este organismo y se establece el ramo presupuestal correspondiente.
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